Un plenario de comisiones analiza el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, en una audiencia en la que comenzaron las exposiciones.
Al tírmino del encuentro, en el que la mayoría de los expositores coincidió en pedir agilidad en la aprobación de la medida, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, adelantó que el objetivo es emitir dictamen favorable a la iniciativa la semana próxima.
El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrís Napoli, declaró que "sería conveniente que no se cobre ningún tipo de tasas" y que se respete "el principio de gratuidad" cuando se plantee una demanda de acceso a la información pública.
Oscar Oszlak, ex director Maestría Administración Pública UBA, e Investigador Superior del CONICET, consideró que "es una ley absolutamente imprescindible" ya que "hay más de 100 países en el mundo que disponen de leyes de acceso a la información pública".
Agustín Allende, miembro fundador de Asociación Civil para la Construcción de un Gobierno Abierto, planteó la importancia de la posibilidad de "solicitar información pública en forma anónima" algo que, expresó, "resulta vital porque la ley modelo de la OEA preví anonimato".
Damián Loreti, abogado de la UBA y miembro de la Universidad Complutense de Madrid y UNESCO, subrayó que es importante que esta ley abarque "a las empresas de servicios públicos pero tambiín las de interís público".
Yamila Garcia, directora ejecutiva de la Fundación Conocimiento Abierto Argentino, declaró que se trata de "una ley histórica" y remarcó que "Argentina es uno de los cuatro países que no la tiene a nivel latinoamericano".
Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles, sostuvo que "se necesita una ley ya. Hay que evitar lo que ya nos ha ocurrido en el pasado con las idas y vueltas de una ley de esta naturaleza".
Graciana Peñafort, abogada especialista en medios de Comunicación, advirtió que "se están vulnerando de manera grosera los principios que ya están establecidos" en alusión a los juicios de la verdad por los desaparecidos y la información que se le requiere, por ejemplo, a la Iglesia Católica, y "a la que es imposible acceder".
La iniciativa crea una Agencia de Información Pública autónoma como autoridad de aplicación, integrada por representantes de todas las áreas del Estado, que serán designadas por el Ejecutivo previo concurso de oposición y antecedentes, y con posibilidad de remoción.
Además, establece como características principales el principio de legitimación amplia. Cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz.
El Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.
En caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
Asimismo, establece la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso y sistema de impugnaciones.
La iniciativa, en caso de ser aprobada , regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
