Los concejales del bloque Honestidad y Trabajo anunciaron en conferencia de prensa que denunciaron penalmente al intendente en relación al decreto que suspende todo tramite emanado del Poder Legislativo.
La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 9 de los tribunales de General San Martín.
De la conferencia participaron los concejales Roberto Arevalo, Juan Callegher, Olga Centurión, Verónica Dalmon, Daniel Ivoskus, Gustavo Suárez, y el abogado Diego Dieguez Ontiveros, quien patrocina la demanda.
Según explicó Ivoskus, a consecuencia del decreto del jefe comunal, toda la estructura del Departamento Legislativo se vio alterada, lo que impide desarrollar cualquier tipo de gestión administrativa.
Los ediles definieron la decisión del intendente como “un acto arbitrario, injusto e ilegal, con claro avance sobre las facultades del Honorable Concejo Deliberante, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades hasta el día de la fecha”-.
El espacio político consideró que Katopodis pudo haber incurrido en un hecho delictivo por lo que señala el artículo 248 del código penal y, “como funcionarios públicos, tenemos la obligación de denunciarlo”, señaló Daniel Ivoskus.
Por otra parte, afirmaron que las nuevas autoridades del HCD, encabezadas por el kirchnerista Alejandro Phatouros, fueron legitimadas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires luego de que esta rechazara una demanda por conflicto de poderes presentada por el ex presidente Diego Perrella.
“Aún así, Katopodis siguió sin acatar nada de lo actuado por la Corte, dejando sin tratamiento problemas estructurales para la gente de San Martín, como la construcción de tres túneles, la utilización de un fondo de $18 millones para la refacción de establecimientos educativos, la colocación de semáforos en puntos estratígicos, la instalación de cámaras de seguridad o la tramitación de habilitaciones de comercios e industrias, generadoras de empleo genuino”, señaló el ivoskismo en un comunicado.
El concejal Ivoskus agregó: “Que el Intendente o Perrella recurran a la justicia como sucedió es adecuado. Lo que no es adecuado es que se suspenda el funcionamiento del Concejo. Esto es avasallar la independencia de poderes del Estado”.
Fuente: edicioncalificada.com.ar
