La Legislatura porteña sancionó en forma definitiva otorgar un marco legal a la habilitación de centenares de espacios culturales.
La iniciativa impulsada por la Defensoría del Pueblo, y promovida por los diputados Gabriela Seijo (PRO), Pablo Ferreyra (Seamos Libres), Gabriela Alegre (Frente Para la Victoria) define como Centro Cultural "el espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intírpretes y/o asistentes". La norma había sido aprobada inicialmente el 18 de diciembre y en abril pasado fue sometida a audiencia pública
La iniciativa tambiín expresa que los Centros Culturales serán clasificados en cuatro categorías según su capacidad de asistentes, siendo los de Clase A para los centros con capacidad hasta 150 personas, Clase B, entre 151 y 300 personas, Clase C desde 301 a 500 personas y Clase D para las que puedan albergar a más de 500 concurrentes. El cálculo de capacidad máxima admitida para los Centros Culturales será de 1 m2 por persona como mínimo, exceptuando para el cálculo sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de servicios.
Vale destacar que el Cuerpo aprobó una serie de modificaciones presentadas por la diputada Seijo, a pedido de los colectivos culturales, que incorporan cuatro nuevos artículos en relación a los estacionamientos e impactos culturales de los diferentes centros.
Preocupación por estructura paralela en PAMI
La Legislatura de la Ciudad aprobó una declaración de la diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública), que expresa preocupación frente a las resoluciones adoptadas por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (PAMI), que según la legisladora "afectarían la situación de gran numero de trabajadores y pondría en riesgo la calidad y forma en que se brindan las prestaciones perjudicando o poniendo en riesgo la salud de los afiliados". La iniciativa contó con el voto negativo del interbloque Frente Para la Victoria.
Ocaña expresó que "las resoluciones 559 y 560/15, del día 14 de julio de este año, se dictaron con la excusa formal de incorporar procesos y procedimientos para mejorar la atención de los afiliados. En los hechos se modifica la estructura orgánica de todas las Unidades de Gestión Local con efectos perjudiciales para los trabajadores, para la organización administrativa, para la forma y modo en que se brindan servicios y prestaciones y, en última instancia, para los afiliados".
La diputada agrega que presentó una denuncia penal en la cual menciona que "el nuevo esquema presenta curiosidades como que se designan nuevos trabajadores otorgándoles el nombre de “REFERENTES”, quienes cobran adicionales por la nueva función a desarrollar. Paralelamente, se argumenta “la reducción de cargos”, pues los “Referentes” sustituyen a quienes cumplían las mismas funciones jerárquicas como titulares de unidades orgánicas, pero a este personal se lo mantiene cobrando dichas funciones, aún cuando ya no las desarrollen, con un cambio de rubro: se les paga ‘una suma fija independiente de las tareas que realizan’".
"Así se crean estructuras paralelas en una entidad destinada a la atención de personas vulnerables como los adultos mayores, para acomodar estructuras políticas ineficientes, en particular de la organización ‘La Campora’" agregó Ocaña y finalmente fundamentó "al año 2007 el Instituto contaba con una planta de 10.700 empleados, en la actualidad cuenta con alrededor de 20.000".
Fuente: edicioncalificada.com.ar
